Pretexto para una sanción (II)

Por: Victor Aguilera, profe de la Universidad de Holguín

Hermanos al rescateEn septiembre de 1998, dos años y siete meses después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate fueron detenidos en Miami, Florida, cuando monitoreaban a las organizaciones terroristas, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez.

En las dos acusaciones principales contra ellos se alega una teoría judicial que se utiliza con frecuencia en casos con matiz político: conspiración. En un caso político como este, el jurado infiere con frecuencia que hay un acuerdo, sin prueba de un delito. Esto es precisamente por qué y cómo se utilizó el cargo de conspiración en este caso. Asimismo, cada una de las dos acusaciones conlleva una condena a cadena perpetua.

La primera acusación de conspiración planteaba que tres de los Cinco habían acordado realizar espionaje. La segunda acusación de conspiración se sumó nueve meses después de la primera. Le imputa a Gerardo Hernández haber participado en una conspiración con autoridades cubanas para derribar dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Hay que hacer notar que esta nueva acusación se publicó en la prensa de Miami antes de que se hiciera oficial en el proceso judicial.

En supuestos cifrados descodificados por el FBI, Gerardo advierte que ninguno de los que han penetrado la organización Hermanos al Rescate, vuele hacia Cuba en misiones contrarrevolucionarias en torno al 24 de febrero, porque existe una fuerte decisión de impedir nuevas violaciones del espacio aéreo cubano.

Existen poderosos argumentos jurídicos que anulan desde su base la endeble acusación levantada por la Fiscalía. Desde el punto de vista estrictamente jurídico la acusación formulada contra Gerardo se derrumba ante la evidencia de que, como lo argumentó su abogado defensor Paul Mc Kenna, la decisión de derribar las avionetas es, absolutamente, del gobierno de Cuba. Por tanto, nada tiene que ver con ella Gerardo. Dicha decisión se realiza dentro de la universalmente admitida doctrina jurídica de la soberanía de los llamados “actos de Estado”.

El precedente legal prohibía a la Corte Federal de Miami, y a la jueza Joan Lenard pronunciarse sobre si el acto de derribar un avión por las autoridades cubanas era o no asesinato, pues esa valoración requería que esa Corte se entendiera competente para conocer sobre la legitimidad de los actos del gobierno cubano, lo que según la doctrina de Acto de Estado, le estaba totalmente vedado.

Aunque se volviera a polemizar sobre el sitio de derribo de las avionetas y la realidad de que hubiese sido en aguas nacionales o internacionales era evidente que Gerardo y el derribo de dichas naves aéreas no tenían nada que ver. Hoy el gobierno de Estados Unidos sostiene que los registros de sus radares del 24 de febrero de 1996 se perdieron y se niega a entregar las pruebas satelitales el lugar exacto donde tuvieron lugar dichos hechos.

A nadie puede imputársele el resultado de algo que ocurre de modo fortuito o que es el resultado de actos y voluntades de otros. Eso es lo que ocurre con Gerardo Hernández. Su supuesto conocimiento de la decisión estatal cubana de derribar a cualquier aeronave que violara el espacio aéreo, que en realidad nunca tuvo, no puede ser causa, ni podía serlo del derribo de las avionetas y la muerte de cuatro personas. El acusado ni decidió tal hecho, ni podía cambiar la decisión del Estado cubano.

Las declaraciones del abogado defensor ante la Corte dejan bien claro que la Fiscalía no ha logrado presentar prueba alguna que vincule directamente a Gerardo con los hechos del 24 de febrero, para sustentar el cargo de conspiración para el asesinato, y que dicho órgano sólo se ha concentrado en la presentación de testigos sensacionalistas que influyen en el Jurado, destacando el carácter humanitario de Hermanos al Rescate.

El Héroe cubano nunca recibió los cifrados por lo que lo acusan, pues ni siquiera estaba en Miami en el momento en que estos llegaron al país norteño. Gerardo Hernández o Manuel Viramóntez, como lo identifican la Fiscalía y la Corte, estaba en esos momentos de vacaciones en Cuba y otro compatriota identificado como John Doe 4 o A-4 lo sustituía. El presunto agente A-4 no fue identificado, por lo que no fue apresado ni juzgado.

De tal manera, la imputación a Gerardo Hernández Nordelo de un delito de conspiración para cometer asesinato es totalmente insostenible. Nada tuvo que ver con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Nada podía cambiar al respecto; de ninguna autoridad disponía sobre esa decisión. No obstante, hace casi 15 años sufre las consecuencias de un juicio injusto, le negaron el proceso de resentencia y ahora espera por la decisión sobre un Habeas Corpus que la jueza puede demorar todo lo que considere necesario.

 

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Acerca de Yasel Toledo Garnache

Corresponsal-Jefe dela Agencia Cubana de Noticias en Granma y Vicepresidente provincial de la AHS. Es graduado del Centro Nacional de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y de Periodismo en la Universidad de Holguín. Periodista, ensayista y narrador. Amante del cine y el deporte.

Publicado el 27 de junio de 2013 en Comentarios y etiquetado en , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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